La Nación analizará los sueldos de los empleados públicos provinciales

La Afip lanzó un nuevo software que obliga a las provincias que no están adheridas al Sipa a presentar un minucioso detalle sobre los ingresos y las cargas sociales de dichos trabajadores.

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La Afip lanzó un nuevo software que obliga a las provincias que no están adheridas al Sipa a presentar un minucioso detalle sobre los ingresos y las cargas sociales de dichos trabajadores.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, comenzó a instrumentar el decreto, firmado por la presidente Cristina Fernández, que ordena revisar los sueldos de 300 mil empleados públicos.

A tal efecto, el fisco nacional dispuso la aplicación de un nuevo software que deberá ser utilizado para liquidar las cargas sociales de los trabajadores del Estado.

Se trata de la versión 35 release 1 del programa aplicativo que permite determinar mensualmente los aportes y las contribuciones patronales.

La obligación de utilizar dicho programa recae sobre aquellas provincias que no se encuentran adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de modo que tienen que usar el nuevo programa para determinar e ingresar las cargas sociales de todos sus empleados públicos, municipales, del Poder Judicial y Legislativo.

Alberto Romero, consultor previsional y tributario, aseguró a este medio que "a través de la nueva reglamentación se apunta a tener información veraz y en tiempo adecuado respecto de las Provincias que aún conservan su régimen jubilatorio propio".

Y aclaró: "No son pocas las provincias que no adoptaron el SIPA. Por lo tanto, el fisco debe lanzar este nuevo requerimiento para así tener al instante la información requerida para hacer un estricto seguimiento de los sueldos de los estatales", agregó Romero.

"Es sabido, que las jurisdicciones que no se encuentran adheridas al SIPA informan -en el mejor de los casos- los datos mínimos e indispensables", advirtió el experto.

Por eso, aseguró que "el nuevo sofftware constituye una herramienta vital para avanzar en la implementación del decreto de necesidad y urgencia 324/2011, que ordena revisar el sueldo de 300.000 empledos estatales".

El decreto de la polémica

Puntualmente, el artículo 8 del mencionado DNU establece que, desde el 1° de enero pasado los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán "adecuarse" a los requisitos que fije el Gobierno "para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance".

Por lo tanto, indicó que los titulares de las jurisdicciones y entidades obligadas deberían remitir a la Secretaría de Hacienda "las actuaciones administrativas necesarias para la convalidación de los regímenes y autorización de los respectivos pagos".

"Los regímenes, disposiciones y medidas cuya procedencia no se convalide quedarán sin efecto", agrega el DNU a fin de no dejar lugar a dudas.

Desde el Ejecutivo señalaron que el propósito de la medida es "reordenar" los "pagos extraordinarios" del personal público "no incluidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría de revista".

En tanto, el asesor legal de ATE, Matías Cremonte, advirtió en declaraciones periodísticas que el DNU "apunta a limitar o eliminar toda una serie de rubros de los salarios de los empleados públicos, es decir, implica una reducción salarial. En ese caso, se estaría regresando a la política de los años `90, cuando por medio de leyes o decretos se modificaban acuerdos colectivos, a la baja".

Más allá de la polémica, el DNU cuenta con todos los requerimientos legales ya que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo convalidó la norma.

 

 

 

Fuente: nortegrande.com

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